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El texto plantea que la pregunta relevante en Brasil no es si las stablecoins fueron prohibidas, sino qué cuerpo normativo las gobierna, y que el país respondió de dos maneras distintas en seis meses. El autor repasa las Resoluciones BCB 519, 520 y 521, que crearon el régimen de licencias para proveedores de activos virtuales y llevaron ciertas operaciones al perímetro cambiario, y el debate del Proyecto de Ley 4.308/2024, donde el Banco Central defiende una lectura monetaria de las stablecoins de pago. Sostiene que para los equipos de compliance el problema práctico es probatorio y recomienda diseñar políticas internas, monitoreo, escalamiento y auditoría en torno a la función regulada y no a la etiqueta de cripto.