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El artículo comenta la sentencia del 6 de febrero de 2025 del Consejo de Estado, Sección Primera, que confirmó la nulidad de la Ordenanza No. 75 de 2009 de la Asamblea Departamental del Atlántico, mediante la cual se redefinían los límites entre el Distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia. La autora explica que la Asamblea excedió sus competencias y reprodujo un acto administrativo ya anulado, por lo que recobra vigencia la Ordenanza No. 30 de 1913. Concluye que corresponde al Congreso de la República determinar esos límites y resolver la incertidumbre jurídica que persiste.
