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El texto analiza el impacto económico de la Ley Antifacción brasileña combinada con la designación por Estados Unidos de organizaciones criminales brasileñas como terroristas globales especialmente designados y organizaciones terroristas extranjeras. La autora explica que la ley va más allá del estrangulamiento financiero, ya que permite suspender actividades operativas, contractuales, regulatorias y logísticas e intervenir en la infraestructura digital de esas organizaciones, con efectos previsibles sobre telecomunicaciones, alojamiento digital, energía, transporte, inmobiliario, seguros, tercerización y alianzas público-privadas. Compara ambos modelos y recomienda revisar los programas de compliance, el mapeo de terceros, los procesos de onboarding y los controles internos.
