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El artículo describe el régimen aplicable en Rumania a los proveedores de servicios de cambio entre monedas virtuales y fiat y a los proveedores de billeteras digitales, regulados exclusivamente por la ley antilavado No. 129/2019. Las autoras señalan que la Decisión de Gobierno que debía detallar los procedimientos de registro y notificación lleva más de dos años de retraso, por lo que los proveedores pueden operar sin autorización previa. Critican además el procedimiento de notificación para entidades extranjeras por carecer de sustento en el derecho de la UE y apuntan que el legislador rumano parece estar esperando la adopción del Reglamento MiCA.
