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El artículo examina la aplicación del Convenio relativo a Garantías Internacionales sobre elementos de equipo móvil, conocido como Convenio de Ciudad del Cabo, adoptado en 2001 y con ochenta y tres Estados contratantes, entre ellos México. El autor explica que la naturaleza móvil de los activos aeronáuticos dificulta determinar la jurisdicción y la ley aplicables, y que las declaraciones formuladas por los Estados durante su adhesión generan ambigüedad en casos de impago e insolvencia. Sugiere incorporar cláusulas en los contratos de arrendamiento que definan de antemano la versión del Convenio aplicable.