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Los autores examinan la restricción al arbitraje en los contratos de asociación público-privada bajo la ley PPP de 2019 y la resolución del Consejo de Ministros de 2015, y su origen en casos como el del proyecto Hopewell. Plantean que el arbitraje ofrece especialización técnica, confidencialidad y ventajas de ejecución internacional, y proponen elegir el mecanismo de solución de controversias según las características y riesgos de cada proyecto en lugar de tratarlo como excepción.
