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El artículo examina el régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas incorporado por el nuevo Código Penal dominicano (Ley núm. 74-25, modificada por la Ley núm. 44-26), exigible desde el 5 de noviembre de 2026, y anticipa que su principal campo de disputa estará en los litigios civiles y societarios. La autora explica cómo las fallas de supervisión, el estándar de imputación a la matriz en grupos empresariales, la existencia de programas de cumplimiento y la insolvencia por mala gestión pueden fundar acciones de accionistas y acreedores contra administradores y sociedades controlantes. Concluye recomendando revisar las pólizas de responsabilidad civil, documentar el funcionamiento real de los programas de cumplimiento y prever el uso cruzado de la evidencia entre los procesos penal y civil.
