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Las autoras parten de un contrato redactado con ayuda de inteligencia artificial que parece impecable pero remite a anexos inexistentes y fija plazos incoherentes, y sostienen que desde noviembre de 2022 las herramientas han pasado de organizar el trabajo a producir contenido. Señalan como primera competencia entender la herramienta antes de usarla, con sus alucinaciones, sesgos y límites de contexto, apoyándose en el Reglamento (UE) 2024/1689 y la Circular 3/2026 del Consejo General de la Abogacía Española, y como segunda asumir que la responsabilidad no se delega. Prevén que el mercado valorará el criterio por encima de la velocidad y concluyen que verificar no frena, sino que distingue.
