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La autora parte de la polémica por el procedimiento contra el Fiscal General del Estado para analizar el secreto profesional en España y su aplicación a los abogados in-house, tras repasar sus antecedentes históricos. Explica que la normativa española no distingue entre abogados internos y externos, pero que la CNMC, apoyada en la sentencia Akzo Nobel y en una lectura particular del Estatuto General de la Abogacía, sostiene que las comunicaciones de los internos no están protegidas en sus procedimientos sancionadores, tesis que el ICAM critica. Concluye que la independencia no deriva del tipo de contrato y que las comunicaciones del abogado interno en funciones jurídicas deben estar plenamente protegidas.