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El autor sostiene que la deficiente seguridad jurídica en el campo es uno de los mayores retos para la competitividad de la agroindustria mexicana, pese a su peso en exportaciones y empleo. Señala problemas como la inseguridad, la obsolescencia de la ley agraria frente a esquemas productivos mixtos, la difícil ejecución de los arrendamientos agrícolas, la débil protección de variedades vegetales y la falta de jueces especializados, y pide reconocer el campo como infraestructura crítica. Propone una agenda centrada en la regularización de la tenencia de la tierra, la justicia agraria rápida, la seguridad pública focalizada, la especialización judicial y la colaboración con organismos del sector.