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La autora plantea quién debe responder cuando un sistema de inteligencia artificial causa daños y sostiene que el derecho turco, basado en la responsabilidad por culpa y la responsabilidad objetiva, no está preparado para sistemas autónomos que aprenden por sí mismos. Explica que las analogías con la responsabilidad del empleador, las actividades peligrosas o los poseedores de animales se quedan cortas, y que la ley de seguridad de productos presupone productos estáticos, a diferencia de la Unión Europea, que actualiza su directiva para incluir el software. Propone un marco específico de responsabilidad, definiciones de desarrollador, implementador e integrador, responsabilidad escalonada según la autonomía, seguros obligatorios y nuevas reglas probatorias, sin otorgar personalidad jurídica a la IA.