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El autor sostiene que el sistema de solución de controversias de las concesiones de obras públicas presenta varios ámbitos de mejora necesarios para fortalecer la participación público-privada y aumentar la inversión. Explica que las comisiones arbitrales deben nombrarse desde nóminas acotadas, que la Corte Suprema limitó el derecho de opción del concesionario entre la comisión y la Corte de Apelaciones de Santiago, y que los honorarios arbitrales pueden superar el monto de multas menores, inhibiendo la tutela judicial efectiva. Añade que debe potenciarse el Panel Técnico de Concesiones y que el repositorio público de laudos está desactualizado, lo que empobrece el sistema de precedentes y afecta la certeza jurídica.
