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Los autores sostienen que, al menos en el mediano plazo, la sociedad debiera asignar gradualmente a la inteligencia artificial un rol como ente jurisdiccional en la administración de justicia. Explican que la justicia civil chilena sigue siendo escrita y que, con un alza de casi un 42% en las nuevas demandas entre 2022 y 2023, un juicio ordinario puede tardar más de cinco años, mientras la IA podría procesar información con mayor rapidez, dictar resoluciones de mero trámite y aportar objetividad, unificación de criterios, transparencia y reducción de costos. Añaden que su implementación requiere un criterio ético estricto, monitorización y un enfoque que combine sus capacidades con la empatía y la moralidad humanas.
