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La autora advierte, con base en la Evidence Act 2006 de Nueva Zelanda, que copiar al área legal en un correo o invitarla a una reunión no convierte esa comunicación en privilegiada. Explica que el privilegio exige confidencialidad y que el propósito de la comunicación sea obtener asesoramiento jurídico, y que, si es probable un litigio, conviene dejar constancia de por qué y desde cuándo se investiga. Ofrece pautas prácticas, como separar las consultas legales del resto, documentar por qué se investiga y levantar actas aparte, y recuerda que el privilegio no cubre comunicaciones con fines deshonestos.