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La autora explica que en Australia el privilegio profesional legal protege las comunicaciones confidenciales hechas con el propósito dominante de obtener asesoramiento jurídico o servicios relacionados con un litigio, y que no basta con copiar a un abogado o marcar un documento como confidencial. Analiza la prueba del propósito dominante, los riesgos del doble rol del abogado interno y los cuidados necesarios en reuniones, actas y herramientas de inteligencia artificial. Recomienda dejar claro por qué se pide el asesoramiento, disciplinar cómo se registra y comparte, y construir procesos que demuestren por qué una comunicación merece protección.
