El texto examina los conflictos que surgen en los proyectos de transición energética en Australia tras el compromiso oficial de elevar la electricidad renovable al 82% para 2030. Las autoras describen las demoras en los permisos —hasta diez años para un parque eólico terrestre en Nueva Gales del Sur— y la oposición comunitaria y ambiental que enfrentan iniciativas como Robbins Island o Wooroora Station, junto con los defectos de suministro y puesta en marcha que derivan en peritajes, arbitrajes o litigios. También repasan el desarrollo eólico marino en la zona de Gippsland y la revisión judicial promovida por Seadragon contra la negativa a otorgarle una licencia de factibilidad, y concluyen que mitigar estas causas desde la planificación temprana es clave para cumplir la Climate Change Act 2022.
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