La autora explica que, ante la transición de Australia hacia una economía de bajas emisiones, los sistemas de almacenamiento en baterías a gran escala se han vuelto infraestructura esencial, pero jurídicamente complejos. Analiza los principales riesgos contractuales de estos proyectos: la gestión de interfaces entre múltiples contratistas, el desempeño y la responsabilidad, las garantías de largo plazo y riesgos latentes, y las obligaciones de seguridad. Concluye que definir interfaces, asignar responsabilidades y alinear expectativas antes de la ejecución reduce disputas, y que los abogados internos tienen la oportunidad de liderar este proceso.