El texto aborda la acumulación de solicitudes migratorias sin resolver, que lleva a esperas de nueve a diez meses para una visa y de más de dos años para una permanencia definitiva. El autor recuerda el plazo de seis meses de la Ley 19.880 y la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que ha ordenado al Servicio Nacional de Migraciones resolver dentro de plazos acotados. Destaca que la Ley 21.325 mantiene vigente la cédula de identidad del extranjero mientras su solicitud está en trámite.