El texto analiza la Ley Nº 21.436, promulgada en abril de 2022, que obliga a las organizaciones deportivas profesionales a mantener equipos femeninos y a contratar laboralmente a las jugadoras del campeonato nacional adulto. El autor reconoce el objetivo de equidad de género, pero objeta que se impongan obligaciones sin una política previa de fomento, lo que pone en riesgo a clubes de segunda y tercera categoría. Critica además que la ley haga a la ANFP garante del cumplimiento, lo que estima de dudosa constitucionalidad, y propone fomentar primero la práctica escolar y universitaria.