El artículo critica que el documento gubernamental “Acciones por una descarbonización acelerada del sector eléctrico” y el proyecto de ley de transición energética omitan el problema de los tiempos de tramitación de permisos. El autor observa que, si bien se releva la transmisión eléctrica como sector habilitante y el almacenamiento como prioridad, la llamada permisología queda prácticamente ausente del diagnóstico pese a que algunos proyectos demoran hasta doce años. Sostiene que reducir esos plazos es una oportunidad concreta para la Administración y una vía para abaratar la transición.
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