El artículo critica el proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que pretende otorgar a los amigables componedores facultades transitorias para administrar justicia. La autora sostiene que la modificación es inconstitucional porque el artículo 116 de la Constitución reserva esas facultades a conciliadores y árbitros. Explica que la reforma desnaturalizaría una figura contractual, ágil y en equidad, y plantea los interrogantes que surgirían sobre recursos y responsabilidad del Estado.