El artículo describe la incorporación del concepto de “beneficiario final” al ordenamiento colombiano en línea con las directrices de la OCDE, a través de la Ley 2155 de 2021, la Resolución 000164 de 2021 de la DIAN y la Ley 2195 de 2022. La autora señala que, además de la DIAN, otras entidades y superintendencias podrán acceder a esa información. Enumera los retos para los obligados, como determinar si deben reportar y a quién aplica el concepto, y pide que la información se maneje con reserva.