Un paso hacia la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

El artículo comenta la Ley 2375 de 2024, que define los cargos, oficios y profesiones a los que puede aplicarse la inhabilidad para personas condenadas por delitos sexuales contra menores. La autora explica que la norma extiende la Ley 1918 de 2018 y responde al mandato constitucional que reserva al Congreso esa competencia, tras la Sentencia C-407 de 2020. Sostiene que no se trata de una sanción generalizada sino de una restricción acotada a los empleos con interacción directa y habitual con menores, compatible con el interés superior del niño.