El texto analiza la sentencia de la Corte Constitucional en el caso Los Cedros (1149-19-JP/21), que ratificó la anulación de los permisos ambientales otorgados en 2017 para la exploración minera en las concesiones Río Magdalena 01 y 02. La autora destaca que la Corte fijó parámetros mínimos para la consulta ambiental ante la falta de desarrollo legislativo. Advierte que esos parámetros, derivados de la Constitución y del Acuerdo de Escazú, serán exigibles para todo plan o proyecto con impacto ambiental, lo que supone un reto para el sector público y privado.