El texto evalúa la eficacia del reclamo ante el SERCOP previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como mecanismo de impugnación para los oferentes. La autora describe los plazos legales y la suspensión de la adjudicación que debería operar, y contrasta esa regulación con la práctica, marcada por demoras de hasta 30 días en la calificación y notificación y por entidades que no suspenden los procesos. Concluye que el SERCOP debe adecuar su actuación para garantizar el debido proceso y la transparencia.