El artículo aborda los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional sobre consulta previa y consulta ambiental, que dejaron sin efecto registros ambientales y permisos de agua de concesiones mineras. El autor describe los oficios del Subsecretario de Calidad Ambiental que suspendieron la emisión de registros para actividades extractivas y luego "aclararon" la aplicación de esos fallos. Plantea si un oficio de esa naturaleza ofrece verdadera seguridad jurídica a los administrados en sus procesos de regularización.