El principio de legalidad procesal

El artículo explica que el principio de legalidad penal no se agota en el aforismo "no hay delito ni pena sin ley previa", sino que comprende una dimensión procesal recogida en el numeral 3 del artículo 76 de la Constitución ecuatoriana. El autor precisa los dos requisitos que impone esa dimensión: un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, y el respeto del procedimiento previsto en la norma penal, incluidas las reglas para obtener y practicar pruebas. Concluye que, pese a su claridad como garantía básica del debido proceso, la administración de justicia sigue en deuda con su aplicación efectiva.