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Charry Puente Sáenz Jácome & Galarza
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- Criminal Law
Delitos ambientales en la normativa ecuatoriana
El texto repasa el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución de 2008 y la fijación del medio ambiente como bien jurídico protegido en el COIP desde 2014, con imprescriptibilidad de la acción y de la pena. El autor advierte que, pese a esa normativa, la ejecución del proceso presenta vacíos importantes, como la indeterminación de cuándo una afectación a la biodiversidad se considera grave. Plantea interrogantes sobre la preparación técnica de jueces, fiscales y peritos y sobre el límite entre el derecho administrativo y el penal en materia ambiental.
Jaime Charry DávalosEcuadorOctober 13, 2022Charry Puente Sáenz Jácome & Galarza - Criminal Law
La aporofobia en el derecho penal
El artículo aborda la aporofobia —el rechazo u odio hacia una persona por su condición de pobreza— como categoría emergente del derecho penal, incorporada al diccionario de la Real Academia Española en 2017. El autor compara el tratamiento español, que en 2021 la incluyó de forma taxativa como agravante en la parte general del Código Penal, con el ecuatoriano, que opta por la fórmula genérica de la discriminación. Sostiene que el artículo 176 del Código Orgánico Integral Penal la acoge bajo el concepto de condición socioeconómica y valora esa aparición anticipada como un avance en la protección y visibilización de las personas en situación de pobreza.
Juan Sebastián Jácome ValdiviesoEcuadorAugust 5, 2022Charry Puente Sáenz Jácome & Galarza - Criminal Law
El principio de legalidad procesal
El artículo explica que el principio de legalidad penal no se agota en el aforismo "no hay delito ni pena sin ley previa", sino que comprende una dimensión procesal recogida en el numeral 3 del artículo 76 de la Constitución ecuatoriana. El autor precisa los dos requisitos que impone esa dimensión: un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, y el respeto del procedimiento previsto en la norma penal, incluidas las reglas para obtener y practicar pruebas. Concluye que, pese a su claridad como garantía básica del debido proceso, la administración de justicia sigue en deuda con su aplicación efectiva.
Martín Galarza LanasEcuadorMay 27, 2022Charry Puente Sáenz Jácome & Galarza
