Los autores explican el procedimiento PARDI, introducido por el Decreto 2026-683 y vigente desde el 1 de octubre de 2026, que permite al juez de primera instancia estimar una demanda contra un demandado notificado personalmente que no comparece, sin examinar el fondo. Detallan sus condiciones, su alcance limitado y el efecto de que la sentencia, no motivada, obligue al tribunal de apelación a reexaminar íntegramente el caso. Recogen la oposición del Consejo Nacional de la Abogacía y del Colegio de París, y las dudas sobre su proporcionalidad y su aplicación desigual entre tribunales.