Los autores analizan la transposición en Francia de la Directiva CRD VI, que desde enero de 2027 exigirá a los bancos de terceros países prestar ciertos servicios bancarios básicos mediante una sucursal autorizada, salvo excepciones. Explican que la excepción de solicitud inversa y el régimen transitorio para contratos anteriores al 11 de julio de 2026 pueden generar conflictos tanto con el supervisor, la ACPR, como entre prestamistas y prestatarios. Recomiendan a las entidades documentar las bases jurídicas y fácticas de sus decisiones de acceso al mercado.