Los autores comentan la convención judicial de interés público ambiental validada en mayo de 2026 por el Tribunal de Marsella, que impuso a Naphtachimie una multa de 1,2 millones de euros por dos fugas de aceite de pirólisis en la ensenada de Auguette. Explican que la multa representa solo el 0,37 % de su facturación media, pero que se ponderaron como atenuantes la cooperación de la empresa, los 10,23 millones invertidos en reducir riesgos y la reparación rápida del daño. Concluyen que el caso muestra el pragmatismo de esta justicia negociada en materia ambiental.