El artículo examina el impacto de la Ley de Competencia de Guatemala (Decreto 32-2024) sobre las operaciones de fusiones y adquisiciones ante la entrada en vigor del control previo de concentraciones el 9 de diciembre de 2026. Advierte que la Superintendencia de Competencia no parece preparada y explica el concepto de concentración económica, los umbrales de activos e ingresos y las consecuencias de una concentración no notificada. Señala obstáculos del Reglamento, como la interrupción de plazos y la ausencia de un criterio de minimis. Propone cláusulas contractuales clave, como cierre condicionado, fecha límite, compensación por fracaso regulatorio y declaraciones.