El artículo comenta la Iniciativa de ley n.º 6798, que propone reformar la Ley de Arbitraje de Guatemala (Decreto 67-95) para fortalecer las facultades de los tribunales arbitrales. Destaca la delimitación de los asuntos arbitrables, cuya regulación actual genera disparidad de criterios e inseguridad jurídica. Aborda también la autonomía del tribunal desde su constitución y la sostenibilidad del laudo frente a la intervención de las Salas de Apelaciones en el recurso de revisión, contrastándolo con la ley modelo y la práctica internacional. Los autores valoran positivamente la discusión de la iniciativa.