El artículo analiza la Ley de Justicia Energética y las oportunidades que abre en generación, transmisión y distribución, incluyendo almacenamiento, autogeneración y bancos de pruebas regulatorios. Examina la reorganización de la ENEE mediante sociedades mercantiles estatales y su efecto en la gobernanza y las licitaciones. Subraya que la autorización legal no hace bancable un proyecto y destaca la importancia de la asignación de riesgos, la debida diligencia, los modelos FIDIC y los mecanismos escalonados de solución de controversias para convertir la reforma en proyectos ejecutables.