El artículo sostiene que las operaciones entre partes relacionadas no son irregulares en sí mismas y pueden ser una herramienta de eficiencia empresarial si son transparentes y se celebran en condiciones de mercado. Propone cuatro preguntas para validar una operación intragrupo y la analiza desde tres perspectivas: fiscal, con el principio de libre competencia; societaria, con el artículo 210 reformado del Código de Comercio sobre conflictos de interés; y de competencia. Concluye que el riesgo nace de ocultar el vínculo, fijar condiciones arbitrarias u omitir autorizaciones y documentación.