El artículo expone el doble propósito de las regulaciones de precios de transferencia: asignar utilidades entre jurisdicciones de forma consistente con la creación de valor y evitar la doble tributación. El autor relaciona estas reglas con la atracción de inversión extranjera y toma como ejemplo el régimen de la industria maquiladora en México, cuyo cumplimiento hoy resulta incierto y costoso. Sostiene que el desafío es equilibrar la protección de las bases gravables con certidumbre jurídica y obligaciones razonables para los inversionistas.