El artículo plantea la necesidad de normas laborales que acompañen la reapertura petrolera venezolana tras la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026. Contrasta los objetivos de atracción de inversión de la reforma con los principios de la LOTTT de 2012 y la Convención Colectiva de PDVSA. Analiza los mecanismos de participación privada, como los CDAP y los Acuerdos de Operación en empresas mixtas, y sus implicaciones en materia de contratistas y tercerización prohibida. Concluye que el marco legal actual se pensó para una industria estatal y que urgen normas de transición y un nuevo modelo de relaciones laborales.