El Riesgo Silencioso de la Disolución Administrativa en Panamá

El texto advierte sobre el riesgo de disolución administrativa que enfrentan las sociedades panameñas que incumplen sus obligaciones registrales. La autora explica que la Ley 129 de 2020, modificada por la Ley 254 de 2021, obliga a registrar a los beneficiarios finales ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y que el incumplimiento suspende los derechos corporativos y puede derivar en la disolución sin intervención judicial. El artículo señala la falta de reglamentación del procedimiento, compara la solución panameña con la de otras jurisdicciones y recomienda verificar periódicamente el estatus de las sociedades.