El artículo comenta el Proyecto de Ley N° 157/2021-CR, que busca reducir a siete días hábiles el plazo de los proveedores para atender reclamos y quejas de los consumidores. La autora expone los cuestionamientos a la iniciativa, como la complejidad y el volumen de reclamos en ciertos sectores, el riesgo de respuestas vacías y el impacto en las microempresas. Concluye que el proyecto debe reevaluarse a partir de un análisis técnico de costo-beneficio.