El texto examina la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, publicada el 5 de julio, y su obligación de detectar, prevenir, eliminar o reparar los efectos adversos de la actividad propia y de los socios comerciales sobre el medio ambiente y los derechos humanos. La autora explica el recurso a cláusulas contractuales y al principio de desvinculación responsable, y advierte del efecto indirecto sobre las pymes proveedoras o distribuidoras. Destaca como principal novedad el régimen sancionador público y la responsabilidad civil por incumplimiento, que traslada la cuestión del plano reputacional al patrimonial antes del plazo de transposición de julio de 2026.
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