El artículo analiza el papel del compliance en los Contratos de Participación Productiva (CPP) a raíz de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que los incorpora al régimen jurídico ordinario de la actividad petrolera. Explica que estos contratos surgieron bajo la Ley Constitucional Antibloqueo en un contexto de reserva y sanciones internacionales. Sostiene que el compliance debe ser un presupuesto estructural mediante debida diligencia, matrices de riesgo, controles financieros, canales de denuncia e investigaciones internas, articulado con el public compliance. Concluye que, aunque no otorga inmunidad, permite mitigar el riesgo penal ante una eventual investigación.