El artículo examina los riesgos penales asociados a la ejecución de contratos petroleros tras la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026. El autor sostiene que el riesgo penal no reside solo en el contrato firmado, sino en las decisiones adoptadas para ejecutarlo, como la contratación de intermediarios y la justificación de comisiones. Repasa la Ley contra la Corrupción y la Ley Penal del Ambiente, la responsabilidad de los administradores y la complejidad de investigaciones en múltiples jurisdicciones. Recomienda que el departamento jurídico identifique quién interviene en cada contrato, qué justifica los pagos y quién supervisa su ejecución.