Masificación del GLP-1: ¿Una política necesaria?
El artículo analiza la pertinencia de impulsar en el Perú una política pública de acceso a medicamentos basados en GLP-1, a partir de las negociaciones que el gobierno de Estados Unidos inició con laboratorios farmacéuticos. El autor explica las funciones del péptido similar al glucagón-1 y su uso tanto para la diabetes mellitus 2 como para el control de peso, y señala que DIGEMID solo ha aprobado su utilización para el primer supuesto. Advierte que implementar una política similar exigiría definir la población beneficiaria, actualizar las autorizaciones regulatorias y resolver aspectos de financiamiento, negociación con proveedores y capacidad logística. Concluye que la medida es posible, pero requiere condiciones favorables que van más allá de la entrega del medicamento, incluida la prevención del estigma hacia los pacientes.
¿Una cordillera o una gran montaña? La necesidad de unificación de autoridades sanitarias
El texto describe la dispersión de las competencias sanitarias en el Perú entre DIGEMID, DIGESA, el INS, SENASA y SANIPES, y la contrasta con modelos como la FDA, la MHRA o la EMA. El autor identifica problemas de presupuesto, gestión, rotación de funcionarios y presión política, y comenta la propuesta reactivada tras el caso del suero de Medifarma para fusionar competencias en una nueva entidad, la APEMED. Concluye que la unificación sería positiva, aunque quedan por definir el destino de los recursos recaudados, la infraestructura y los procedimientos pendientes.
¿Medicina para una barrera burocrática?
El texto analiza el régimen peruano que condiciona la importación de productos farmacéuticos al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura emitido por DIGEMID. El autor cuestiona el numeral 4.2 del Decreto Supremo 012-2023-SA, que impide a los laboratorios excluidos del "listado único" reincorporarse hasta obtener la certificación, generando una prohibición absoluta que retrasa el acceso a medicamentos y restringe la competencia. Sugiere que el INDECOPI evalúe la razonabilidad de la medida y propone un mecanismo de revisión con criterios objetivos y plazos razonables.
