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Main practice areasLitigation and Dispute Resolution
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Vigencia del deber de coherencia en el litigio colombiano contemporáneo
El artículo aborda el deber de coherencia como respuesta a la práctica de quien celebra un contrato, se beneficia de él durante años y luego desconoce su alcance. Los autores lo presentan como expresión de la buena fe consagrada en el artículo 83 de la Constitución y en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, con raíz en el aforismo venire contra factum proprium non valet. Repasan su desarrollo jurisprudencial en la sentencia de la Sala de Casación Civil del 24 de enero de 2001, la SC3366-2020, la SL4537-2019 de la Sala Laboral, la sentencia del Consejo de Estado del 10 de marzo de 2011 y los laudos Beneficencia del Valle v. La Previsora y Procomsa v. Exiplast. Concluyen que la regla aplica en cualquier jurisdicción y debe orientar la estructuración de la defensa legal preventiva o reactiva.
Obligaciones especiales que surgen de la declaratoria de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que regula la protección frente a la suplantación personal en Colombia
El texto comenta la sentencia C-413 de 2025, mediante la cual la Corte Constitucional revisó el Proyecto de Ley No. 190 de 2022 sobre protección frente a la suplantación de identidad ante operadores de telecomunicaciones, entidades financieras, crediticias, establecimientos comerciales y fintech. Los autores explican que la decisión impone un nuevo estándar de corresponsabilidad entre los titulares de datos y las entidades que los gestionan, y exige transformar los mecanismos de autenticación, validación de identidad, atención al usuario y gestión de riesgos. Enumeran las obligaciones concretas que se derivan del fallo, entre ellas la revisión del proceso contractual sin exigir denuncia penal previa, el deber de informar a la DIAN para evitar consecuencias fiscales por el uso indebido de la identidad y el deber de denunciar penalmente las inconsistencias documentales. Concluyen llamando a adoptar tempranamente las medidas y su acreditación ante autoridades judiciales o administrativas.
