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Agravación del riesgo en la garantía única estatal: ¿efectos por amparo?
El texto comenta la sentencia de la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado del 24 de marzo de 2026 y su incidencia sobre la agravación del riesgo en el seguro de cumplimiento estatal. El autor recuerda la tesis restrictiva de la Subsección A, según la cual la consecuencia extintiva del inciso cuarto del artículo 1060 del Código de Comercio no aplica a esta modalidad por el orden público que irradia el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y precisa que en esas decisiones la inaplicabilidad nunca operó como ratio estrictamente necesaria. Destaca que la nueva providencia introduce, en obiter dictum, la posibilidad de que los efectos de la agravación se proyecten de forma segmentada sobre el amparo afectado, conservándose los demás. Vincula esa lectura con la divisibilidad de la garantía prevista en el Decreto 1082 de 2015 y anota que reforzaría la exigencia probatoria a cargo del garante.
El siniestro en el seguro de cumplimiento: entre el incumplimiento y el daño patrimonial
El artículo delimita cuándo se configura el siniestro en el seguro de cumplimiento a la luz de los artículos 1088 y 1089 del Código de Comercio, que consagran el carácter estrictamente indemnizatorio del seguro de daños. El autor sostiene que la póliza no ampara el mero incumplimiento contractual sino los perjuicios directos, previsibles, ciertos y patrimoniales imputables al tomador, y recuerda que la Corte Suprema de Justicia exige al beneficiario probar tanto el incumplimiento como la existencia y cuantía del perjuicio, sin que baste enunciarlo "en exceso de la suma asegurada". Señala que la mera aportación de soportes incompletos resulta insuficiente para acreditar un detrimento patrimonial cierto y que no se requiere denuncia penal previa. Concluye que la Corte cierra el paso a una noción objetiva del siniestro, exigiendo la concurrencia de incumplimiento imputable, perjuicio cierto y relación causal.
