¿Está la doctrina del Tribunal Supremo sobre declaraciones responsables y comunicaciones previas desplazando al administrado la carga de su control?
El artículo comenta la sentencia nº 473/2026 del Tribunal Supremo, que confirma que frente a las declaraciones responsables y comunicaciones previas del artículo 69 de la Ley 39/2015 no cabe recurso administrativo ni judicial. La autora la pone en relación con la sentencia del TS de 8 de marzo de 2023 [RCA 8658/2021], que declaró que las facultades de control y comprobación de la Administración sobre estos instrumentos no están sujetas a límite temporal alguno. Concluye que la lectura conjunta de ambas tesis, pese a su coherencia jurídica, desplaza hacia los particulares cargas de control que deberían recaer en la Administración y erosiona la seguridad jurídica del titular de la actividad.
La temeridad y el REMC: necesidad de una regulación completa
El texto comenta la sentencia nº 4309/2025, de 11 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la naturaleza de la multa por temeridad o mala fe prevista en el artículo 58.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. La autora explica que el tribunal, siguiendo a la Audiencia Nacional y al TSJ de Aragón, califica la multa como sanción interprocedimental de carácter administrativo sujeta al derecho de defensa, de modo que la omisión del trámite de audiencia genera indefensión material. Plantea, no obstante, las cuestiones que la sentencia deja abiertas, como la discrecionalidad en la determinación del importe y la eventual participación del órgano de contratación y del adjudicatario en el procedimiento.
