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Has published 5 articles in Legal Industry Reviews since 2024, across 1 country and 2 practice areas.
Main practice areasWhite-Collar Crime & Corporate Defense·Consumer Law and Class Actions
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Guidance to Australia's Refreshed Anti-money Laundering and Counter-terrorism Financing Regime
El artículo repasa las reformas a la Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth), vigentes desde el 31 de marzo de 2026 para las entidades ya reguladas y desde el 1 de julio de 2026 para las nuevas. Los autores explican que el régimen extiende la supervisión de AUSTRAC a las profesiones consideradas de alto riesgo o "gatekeepers" —agentes inmobiliarios, abogados, contadores, comerciantes de metales y piedras preciosas, conveyancers y proveedores de servicios fiduciarios y societarios— y detallan las obligaciones que deben asumir quienes califiquen como reporting entities: inscripción ante AUSTRAC, adopción de políticas y programas, designación de un oficial de cumplimiento, debida diligencia sobre clientes y empleados, capacitación, controles internos y reporte de operaciones sospechosas. Inventarían además los recursos de orientación publicados por AUSTRAC y los organismos profesionales, incluidos los starter kits sectoriales, las guías actualizadas sobre exenciones, la travel rule y los grupos de reporte, y los materiales de las law societies, CA y CPA y el Real Estate Institute of Australia.
The Whistleblower Protection Authority Bill 2025 (No. 2) (Cth): Australia's Long-awaited Reforms to Protect Whistleblowers
El texto analiza el Whistleblower Protection Authority Bill 2025 (No. 2) (Cth), presentado el 11 de febrero de 2025 por los senadores David Pocock y Jacqui Lambie, que propone crear una autoridad estatutaria independiente con jurisdicción sobre toda la legislación federal de protección de denunciantes. Los autores detallan sus funciones previstas: informar y asistir a denunciantes y organismos, recibir y facilitar la investigación de denuncias —incluidas las anónimas ante un nuevo Comisionado—, investigar el maltrato a denunciantes con facultades de fiscalización y desarrollar labores educativas y preventivas. Sitúan la propuesta frente a un régimen australiano históricamente fragmentado y legalista, con marcos distintos para el sector público y el privado, y recuerdan que el proyecto fue remitido al comité senatorial de asuntos legales y constitucionales para informar antes del 29 de agosto de 2025. Concluyen que la reforma es prometedora pero que resta ver el respaldo de los grandes partidos y la forma final que adopte.
