¿El cierre minero, de lo técnico hacia una debida diligencia?
El artículo evalúa el proyecto de decreto sobre cierre minero actualmente en discusión y sostiene que convierte esa fase en un espacio de densificación del derecho ambiental. El autor identifica tres ejes. Primero, la ampliación del enfoque socioambiental, que suma a la estabilización física exigencias de restauración ecológica, recuperación de suelos, manejo de recursos hídricos, control de emisiones y consideración de variables climáticas, con dudas sobre su proporcionalidad para proyectos de menor escala. Segundo, la participación como componente obligatorio del plan de cierre, con identificación de actores, socialización, espacios de diálogo y seguimiento comunitario bajo verificación de la autoridad ambiental, en línea con el Acuerdo de Escazú, aunque con riesgo de dilatar aprobaciones y aumentar la judicialización. Tercero, las garantías financieras destinadas a evitar pasivos ambientales, que obligan a aprovisionar recursos de forma anticipada e impactan la planeación financiera en etapas de rentabilidad decreciente. Concluye que el esquema se aproxima a una debida diligencia en sostenibilidad, con tensiones en capacidad institucional y seguridad jurídica.
Enverdecimiento financiero: de la voluntariedad al estándar mínimo en gestión de riesgos
El artículo comenta la Circular Externa No. 015 de 2025 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que consolida estándares mínimos para la gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos (RASC). El autor explica que el nuevo Capítulo XXXIII de la Circular Básica Contable y Financiera define mecanismos para identificar, medir, controlar y monitorear esos riesgos y fija reglas específicas para las operaciones de crédito, con una parte general y otra dedicada a la cartera. Señala que las entidades tienen seis meses para elaborar su plan de implementación, lo que plantea retos jurídicos y operativos.
