Nueva norma para licitación de carteras del Fondo Autónomo de Protección Previsional
El texto analiza la Norma de Carácter General N° 352 de la Superintendencia de Pensiones, que regula la licitación de carteras de inversión del Fondo Autónomo de Protección Previsional creado por la Ley N° 21.735 de reforma previsional. Los autores detallan los requisitos mínimos para participar —cinco años de experiencia en la clase de activo, pertenencia a una industria financiera regulada por la CMF o un supervisor miembro de IOSCO y montos mínimos de activos bajo administración de USD 2.000, 1.000 y 200 millones según el tipo de cartera— y el régimen de retribución, que se rige por las bases y queda fuera de los límites de comisiones del D.L. N° 3.500. Señalan que las primeras licitaciones deben adjudicarse para que los administradores inicien la gestión el 1 de julio de 2026.
Reforma previsional: oportunidades y desafíos para activos alternativos extranjeros
El artículo analiza el impacto de la Ley N° 21.735 de reforma previsional sobre los fondos de activos alternativos extranjeros que captan inversión de las AFP chilenas. Los autores se detienen en dos cambios: el paso del sistema de multifondos a fondos generacionales, que podría exigir cláusulas de reinscripción ágil en las side letters, y el nuevo mecanismo de licitación pública de afiliados cada 24 meses, que obliga a traspasar proporcionalmente los instrumentos según el artículo 165 bis del D.L. 3.500. Sostienen que, por su naturaleza ilíquida y compleja, los activos alternativos deberían calificarse como intransferibles para efectos de ese procedimiento, al menos en la primera etapa de implementación.
La “Custodia” de inversiones en activos alternativos extranjeros
El artículo analiza el régimen chileno de custodia de las inversiones en activos alternativos extranjeros de los Fondos de Pensiones y de Cesantía. Los autores revisan el artículo 44 del Decreto Ley N° 3.500, la exigencia de mantener al menos el 98% del valor de cada fondo en custodia y el rol de los custodios extranjeros autorizados, que registran los contratos sin asumir responsabilidad directa ante el regulador. Concluyen que las Administradoras siguen siendo legalmente responsables de las funciones que subcontratan y deben resguardar contractualmente los estándares operacionales y de información.
