El principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones de carácter administrativo
El artículo parte de la sentencia T-224 de 2004 de la Corte Constitucional, que revocó una multa y una orden de demolición por infracción urbanística impuestas a una mujer de un resguardo indígena. La autora plantea si un servidor público, sujeto al principio de legalidad, puede inaplicar una ley que le obliga a sancionar cuando considera desproporcionada la consecuencia jurídica. Argumenta que ampliar la discrecionalidad administrativa usurpa el rol del legislador y favorece la arbitrariedad, por lo que decisiones de ese tipo corresponderían al juez constitucional mediante la excepción de inconstitucionalidad.
Una buena labor de inspección y vigilancia por parte de las autoridades en Colombia, la clave para evitar la intervención
El artículo reflexiona sobre las funciones de inspección, vigilancia y control que la Constitución asigna al presidente de la República y que ejercen las superintendencias. La autora sostiene que estas facultades deben desarrollarse de forma orgánica y progresiva, informando a los vigilados los criterios y estándares de cumplimiento, de modo que la intervención y la toma de control queden como último recurso. Critica que en los últimos años se haya recurrido a numerosas medidas de intervención en sectores como salud, servicios públicos y economía solidaria, y llama a fortalecer la prevención.
